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Aunar voluntades: Nueva Ley de Donaciones con Fines Sociales

Leonardo Moreno, Director Ejecutivo FSP
Publicada en La Tercera el 22 de Diciembre

Chile ha dado un gran paso: durante la presente semana el congreso aprobó un nuevo marco legal que estimula la donación con fines sociales, a través de exenciones tributarias, que pueden ser utilizadas tanto por empresas como por personas naturales que deseen contribuir con la importante labor que realizan un enorme abanico de instituciones de la sociedad civil a lo largo del país.

Sin lugar a dudas, es la norma más importante dictada en los últimos años, en materia de autonomía y fortalecimiento de las organizaciones de nuestra diversa sociedad civil. En este esfuerzo se han aunado voluntades muy diversas, las cuales pese a sus divergencias de origen, lograron converger positivamente.

La Ley 19.885 conocida como “Ley de donaciones para organizaciones con fines sociales”, promulgada en 2003 tenía como objetivo crear incentivos tributarios para fomentar el aporte de recursos privados al financiamiento de acciones en beneficio directo a personas de escasos recursos y personas con discapacidad. Sin embargo, el marco legal no cumplió con su propósito inicial y en la actualidad, prácticamente no ha sido utilizada para donar u obtener beneficios tributarios. Las razones son múltiples: el reglamento para su aplicación demoró casi dos años en existir, existió escaso interés de las autoridades por echarla a andar y desde el comienzo fue rechazada por amplios sectores de la sociedad civil. Pero todo esto cambió el 16 de diciembre de 2008, cuando se aprobó de manera definitiva en el H. Congreso, el Proyecto enviado por el Ejecutivo hace más de un año, para introducir las necesarias modificaciones a la Ley 19.885. Esta modificación surge a través de un intenso diálogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y ha contando con el aporte permanentemente de sectores de la sociedad civil que mantuvieron una actitud crítica y responsablemente propositiva, con el objetivo de terminar con los obstáculos implícitos y explícitos del cuerpo legal aprobado en el 2003 y que lejos de estimular las donaciones con fines sociales, las entorpeció.

Así, entre las modificaciones recién aprobadas por el Congreso, destacan la decisión de mantener el sentido redistributivo, pero asegurar la libertad para donar recursos a quienes deseen, pudiendo descontar más impuestos si destinan parte de la donación al Fondo Mixto de Apoyo Social, con el objeto de evitar una excesiva concentración de los recursos, que el Estado renuncia a recaudar a través de este mecanismo, en unas pocas instituciones de alto posicionamiento público. Se cambia la severa penalidad por sanciones administrativas, que disuadirán del mal uso de las franquicias y se permite, la posibilidad que las personas naturales (inclusive para aquellos que no alcanzan a tributar por el global complementario), puedan donar con un incentivo tributario, entre otras importantes materias. En este gran paso, jugaron un papel importantísimo muchos legisladores y representantes de la sociedad civil y, en particular, la Subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart.

Hace algunos días Jorge Marshall en este mismo espacio, señalaba la necesidad de un cambio cultural para avanzar en la filantropía, sin descuidar la democracia. Hoy, gracias al marco legal aprobado, el país cuenta con un instrumento moderno, ágil y que responde a diversos intereses y preocupaciones de modo balanceado y razonable. Con esta legislación se podrá además enfrentar de mejor manera, con mayores recursos, los más de 500 proyectos presentados al Fondo Mixto de Apoyo Social, por pequeñas organizaciones, particularmente de regiones, desde juntas de vecinos, organizaciones de base, pequeñas ONG’s que también desean hacer su aporte al desarrollo social de nuestro país. Sin duda que esta modificación ayuda a democratizar la filantropía.